En un análisis de los acontecimientos políticos y sociales ha de tenerse siempre presente las dimensiones estructurales y coyunturales de los hechos históricos considerados. El contexto actual de movilizaciones y protestas sociales en Colombia, combina problemas históricos vinculados al desarrollo del conflicto armado, junto con las problemáticas que se crean a raíz de la administración de un gobierno en medio de una crisis sanitaria. Lo que está aconteciendo en Colombia es producto de la acumulación de estas tensiones históricas y coyunturales, que crean un hilo explicativo para la comprensión de los hechos de la movilización política nacional.

Obra de Eibar Castillo

A la larga tradición de sublevación popular[i] debe sumarse otra línea de tradición de contención contrarevolucionaria[ii], como un hecho característico de la idiosincrasia política colombiana. El modelo atávico de confrontación bélica obedece a esta tensión entre subversión popular y contrainsurgencia oligárquica, dos líneas de tradiciones históricas en una sociedad como la colombiana que ha permanecido en un conflicto armado por más de medio siglo.

Es así que lejos de terminar, el conflicto ha entrado a una nueva fase de desarrollo luego de la firma del acuerdo de paz en 2016 por parte del Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).  Este nuevo ciclo ha implicado una recomposición en los actores, escenarios, recursos, acciones e intenciones, como una actualización de las modalidades de la guerra que se pensaban superadas; a las nuevas modalidades del asesinato “a gota gota” – pero sistemático-  de líderes y lideresas sociales ( el número total ya  supera los mil), debe sumarse el regreso de los atentados con carros bomba y las masacres (el año pasado se produjeron 76  con un saldo de 272 victimas), además del asesinato también  a sistemática “a gota gota”  de los firmantes del acuerdo (las cifras muestran un total de 275). 

Desde la refrendación (victoria del plebiscito del No con el 50, 2% de los votos) la sociedad colombiana mostró una división frente al contexto de un final del conflicto armado vía negociación política, demostrando así, una fisura entre las burguesías oligárquicas y las clases emergentes narco paramilitares, como una particularización de la dinámica global por la disputa por la hegemonía en las burguesías mundiales por la preservación de los valores tradicionales de la modernidad liberal y sus tendencias más reaccionarias y supremacistas; una división ente civilistas e irracionales en el seno de la clase dominante (los defensores de Trump y los de Biden). Las elecciones del 2018 se vieron enmarcadas por este escenario de fragmentación clasista en la burguesía en medio de una crisis de hegemonía mundial y regional.  La victoria de Iván Duque candidato del partido Centro democrático significó la victoria del uribismo y con ella, una clara inclinación hacia la derechización del país en la misma vía política de carácter fascista representada por Donald Trump en los EEUU y por Jair Bolsonaro en el Brasil. Una de sus principales agendas políticas se centró entonces en el saboteo gubernamental de los acuerdos de Paz en lo interior y un ataque sistemático contra el gobierno bolivariano de Venezuela, en lo externo. El gobierno Duque no solamente objetó el trámite de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, sino que al mismo tiempo lideraba el Cerco diplomático y se convertía en el principal aliado regional de la autoproclamación de Juan Guaidó incitando a la rebelión social y a la insurrección militar en Venezuela. La estrategia era construir un golpe de Estado en Venezuela y derribar los acuerdos de Paz en Colombia, para construir las condiciones de la retomada de hegemonía norteamericana en la región latinoamericana. 

Sobre este contexto nacional e internacional de crisis de hegemonía, es que en 2019 la primavera latinoaméricana llega a Colombia desatando una serie de movilizaciones que inician el 21 de noviembre, caracterizadas por constantes protestas sociales que reivindicaban problemáticas históricas como la Educación, la restitución de los derechos de las comunidades indígenas, estabilización laboral,  como por problemas coyunturales ante la grave situación de orden público (masacres, asesinato de líderes y excombatientes) y el descontento por nombramientos en altos cargos públicos de figuras como Alberto Carrasquilla en el ministerio de hacienda, vinculado con actos de corrupción conocido como bonos de agua[iii],  Nestor Humberto Martinez en la fiscalía, vinculado al escándalo de ODEBRECHS  y Guillermo Botero en el ministerio de Defensa, que se mostraba legitimador del exterminio de líderes sociales y excombatientes de las FARC. La participación de la población en esta ola de movilizaciones latinoamericanas se motivaba por cuatro dimensiones como lo son la radicación del “paquetazo” -Ley de Crecimiento Económico-, el asesinato sistemático de la oposición (líderes sociales e indígenas, además de los excombatientes), un proyecto de educación gratuita y de calidad, como por el incumplimiento del acuerdo de paz firmado en 2016[iv]. 

La pandemia de covid-19 declarada el 11 de marzo de 2020 significó un apaciguamiento de la protesta, dada la necesaria medida de impedir todo tipo de aglomeración social. En medio de la declaración de “la emergencia sanitaria por causa del COVID-19” por parte del Ministerio de Salud y Protección Social (mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020), se modificó drásticamente las agendas administrativas y de planeación del Estado, suponiendo un reto doble a las instituciones y los políticos y técnicos que las dirigen: por un lado, realizar un atendimiento inmediato de tal manera que se supere de forma eficaz y eficiente la situación de Emergencia, garantizando el retorno al orden normal del  funcionamiento  tanto de la economía como de las instituciones y, todavía más de la vida de las personas, con el menor impacto posible; por el otro, no puede modificar la orientación previa de su funcionamiento, esto tanto con ejes estratégicos del Estado como con programas, planes y proyectos en el atendimiento de los principales problemas de la sociedad. El manejo de la pandemia en la administración Duque ha sido uno de las peores, junto con la de Bolsonaro en Brasil. Van más de 80 mil muertes y, hasta el momento sólo se ha logrado vacunar menos del 20 % de la población, en medio de un colapso del sistema de salud.  El tema es que el ejecutivo, durante la crisis sanitaria,  comenzó un periodo de “uso de sus atribuciones constitucionales y legales”, expidiendo una serie de Decretos  a partir de la promulgación del 417 por el cual se declara un “Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”, alterando consustancialmente no sólo el ordenamiento jurídico, la vida de las personas puesta en riesgo por la Pandemia, sino también la correlación de fuerzas en el interior de la disputa por el aparato Estatal, asegurando con esto un control casi total de las decisiones frente al manejo de la contingencia sanitaria y otras eventualidades como la política fiscal o la estructura misma del control político al ejecutivo. Al decir del maestro Salomón Kalmanovitz[v], la no consulta de las implicaciones de tales decretos por los demás poderes públicos y la sociedad como un todo, se construyó una «Dictadura civil», que sólo se vería truncada por la movilización social, hasta el mes de septiembre del mismo año, a raíz del asesinato de Javier Ordóñez en manos de la policía nacional durante un control en medio del aislamiento social[vi], que reactiva nuevamente una ola de protesta social y represión Estatal policial[vii].     

El coronavirus es una variable dinámica que logra acelerar o contraer la lucha de clases en el interior de cada formación social. En Colombia ha logrado acelerar la acumulación de estas tensiones sociales, dejando al descubierto tanto el agotamiento del modelo neoliberal como el repliegue hacia al totalitarismo por parte del bloque en el poder. Así mismo, el surgimiento de una clase popular subalterna, movilizada masivamente, ha demostrado una articulación difusa de las organizaciones populares, en la que más que una estrategia unificada de acción colectiva, se presenta una serie de acciones espontaneas, vinculadas a un sentimiento de indignación social y desgaste de las tradicionales organizaciones partidistas y sindicales. Se trata de contra tendencias que condicionan, objetiva y subjetivamente, el desarrollo de este nuevo ciclo de violencia en el país.

Principales acontecimientos entre 28A y 28M

-28Abril Inicia Jornada de movilización y protesta nacional luego de que centrales obreras y gremios articulados en el comité del paro declararán el inicio del paro nacional para 01 de mayo. El detonante de la movilización está marcado por el nuevo proyecto de reforma tributaria ante el déficit fiscal que presenta el Estado para hacer frente a la crisis económica y sanitaria agudizada con el coronavirus y que pretende extraer los recursos con impuestos que terminan de asfixiar a la clase más pobre y la clase media. La población civil comienza a demostrar su descontento a través de múltiples manifestaciones y acciones a un nivel local, regional y nacional, que van desde marchas y actos culturales, acciones de la gente del común, sin premeditación y desde la espontaneidad del descontento social, de forma diurna o nocturna en la apropiación del espacio público, hasta el derribamiento de estatuas y símbolos de la dominación colonial en algunas plazas (como fue el caso del monumento a Santiago de Belalcázar en Cali que fue derribada por indígenas Misak). Así mismo, desde el inicio de las jornadas de protesta, la respuesta represiva del Estado ha mostrado completa desproporcionalidad en el uso de la fuerza contra los manifestantes e innumerables violaciones a los derechos humanos [viii].

 -30 abril Twitter suspende cuenta de Álvaro Uribe Vélez por el contenido que incitaba a la violencia. Uribe propiamente instaba a los uniformados de la policía a utilizar sus armas de dotación como instrumentos de autodefensa del ataque de los manifestantes[ix] en medio de las protestas.

-01 mayo marcha por la dignidad de los y las trabajadoras a lo largo y ancho del país. Continúan sumándose multitud de grupos sociales, desde juventudes urbanas, comunidades de campesinos e indígenas, hasta obreros y trabajadores de la educación y la salud, además de los trabajadores informales y desempleados.

-02 de mayo se retiró la reforma tributaria por parte del gobierno y se presenta la renuncia del ministro de hacienda Alberto Carrasquilla. La población continúa movilizada.

-06 de mayo se realiza un Diálogo amplio nacional en audiencia pública sobre situación en Colombia con diferentes actores, gremios y funcionarios del gobierno en la plenaria del senado de república[x]. Ese mismo día civiles armados disparan contra manifestantes en Pereira[xi]

-07 mayo se reúnen miembros de la coalición de la Esperanza y el gobierno[xii]. Ambos sectores fijaron posiciones y advirtieron los resultados del dialogo se verán reflejados en los avances en las negociaciones con los sectores movilizados. Este encuentro fue duramente criticado por las organizaciones pertenecientes al comité del paro y por otros sectores políticos. Este hecho demuestra que el escenario de las manifestaciones se vincula al escenario de la venidera disputa electoral por la administración del Estado.

-09 mayo continúan las movilizaciones. Civiles armados atacan a integrantes de la minga indígena y del CRIC en Cali[xiii]. El gobierno militariza la ciudad y llega a la ciudad en la madrugada del 10.

-10 mayo se reúnen en mesa de diálogo el comité del paro y representantes del gobierno nacional. Aunque se postularon los puntos a ser discutidos, no se llega a un avance claro en las negociaciones. Los representantes del comité del paro consideran los siguientes puntos como los centrales a). Retiro del proyecto de ley reforma a la salud, b). Renta básica por lo menos de un salario mínimo, c). Defensa de la producción nacional, d).   Matricula cero y no alternancia educativa, e). No discriminación de género y sexo f). No privatizaciones y derogación del decreto 1174[xiv].

-11 mayo muerte de Lucas Villa[xv] activista y manifestante que se ha convertido en un verdadero símbolo de la resistencia de los jóvenes y del accionar desproporcionado y brutal del Estado contra los manifestantes, demostrando la presencia de fuerzas para estatales en los ataques letales con arma de fuego a los manifestantes. Esta muerte exacerba todavía más la indignación de la población en las calles.

-13 mayo se hace viral el suicidio de la joven Alison Lizeth Salazar Miranda quien había denunciado abuso sexual por parte de agentes del SMAD que la detuvieron en medio de las protestas[xvi]. Este es otro caso emblemático de las actuales manifestaciones, puesto que demuestra el accionar sistemático contra las mujeres y el uso de las violencias sexuales como modo de infligir terror a las manifestantes. Se registran 22 casos de abuso sexual por parte de la fuerza pública según cifras de la ONG  TEMBLORES[xvii].  El descontento crece.

-17 mayo el Gobierno ordena desplegar máxima operacionalizad policial para desarticular los bloqueos. Se hace público en confusos hechos la muerte del guerrillero de las FARC segunda Marquetalia Jesús Santrich. Duque continúa amenazando con el estado de conmoción interno. Siguen las manifestaciones.

-19 mayo se archiva el proyecto de ley 010 de 2020 reforma a la salud[xviii] y se realiza una modificación en la estructura ministerial al nombrarse como nueva canciller a la también vicepresidenta Marta Lucia Ramírez[xix].  Esta maniobra ministerial busca encubrir la respuesta del Estado ante las manifestaciones en el escenario del seguimiento a los acontecimientos en el ámbito internacional.

-24 mayo debate de moción de censura contra el ministro de defensa Diego Molano en el senado de la república. Las distintas fuerzas políticas se miden, presentando discursos tanto a favor como en contra del ministro y la respuesta de la fuerza pública frente a las protestas.  Ese mismo día inicia una visita de la vicepresidenta y canciller de Colombia a Washington[xx].

-25 mayo Marchas anti-bloqueos por parte de grupos de la población vinculados a la defensa del gobierno[xxi] y bases electorales del uribismo. Su símbolo es el uso de prendas blancas junto a banderas del mismo color.

-27 mayo es tomada la decisión de la moción de censura en el senado con un resultado de 69 votos en contra y 31 votos a favor[xxii], el ministro es ratificado en su cargo.

-28M retomada de movilizaciones a un mes del inicio de la protesta social. Ese mismo día el gobierno sanciona el decreto 575[xxiii] por medio del cual se define una asistencia militar para la garantía de la democracia a partir del robustecimiento policial y militar en distintas localidades donde persisten los bloqueos.

La militarización ha sido la respuesta del gobierno Duque, una reacción coyuntural y al mismo tiempo significa el retorno de lo reprimido, una condición estructural en la formación del Estado contrainsurgente. La policía construida para afrontar un conflicto interno, ha consolidado también un nuevo frente de batalla en las calles y contra los manifestantes[xxiv] perfilados como el enemigo a exterminar. El  prolongado accionar del terrorismo policial y militar, que en lo que va ocurrido deja más de 1133 víctimas de violencia física, más de 60 muertes, 10 de ellas ayer en Cali, 1445 detenciones arbitrarias, 47 víctimas de afectaciones o perdidas oculares, 22 víctimas de violencia sexual, más de 175 casos de disparos de armas de fuego por parte de civiles armados acompañados de la policía nacional[xxv], demuestra que tanto al Estado como al uribismo en su administración, les es inherente, dijéramos, un cierto ludismo sádico, ya que vemos como se construyen los caminos legales para la legitimación del accionar violento del Estado con el decreto 575 y la criminalización de las protestas en el discurso mediático.  Así que todo este escenario de movilización, puede entenderse también como una estrategia del bloque en el poder, que, sabiendo de su revés ante el enfrentamiento electoral del 2022, usa la inestabilidad interna para poder activar vías autoritarias y mantener desesperadamente el control del aparato de Estado.

Como bien es analizado por José Luis Romero en su obra clásica "Estudio de la Mentalidad Burguesa" (veáse pp. 34-45), en el seno de la formación de la sociedad burguesa se mezcla una mentalidad tradicionalista - señorial- con una actitud profana y racionalista, producto precisamente al necesario recorrido del desarrollo de la modernidad y el capitalismo sobre la base de una sociedad feudal y agraria. Las actitudes mentales cortesana, baroniales y aristocráticas persisten en contraste con una visión libre pensante e individualista. Estas variantes en el seno de la mentalidad burguesa continuan y es lo que permite comprender la formación de clases reaccionarias, adscritas a un conservadurismo de ultra derecha y clases civilistas en el seno del bloque clasista de la burguesía. En las formaciones sociales latinoamericanas - y del tercer mundo- , la edificación de la sociedad burguesa ha estado marcado por el proceso de dominación colonial, por lo que esta "formación dual" en el interior de la clase burguesa presenta todavía más complejidades en la construcción de sociedades de tipo "barroco", mezclandose formas de dominación señorial en medio de procesos de modernización de la estructura del poder o la estructura económica. La penetración de la economía del narcotrafico en la estructura clasista y en el poder en las sociedades latinoamericanas, también construye nuevos enlaces en esta "formación dual", ahora, lo cierto es que, ha ido creciento la tensión entre estas diferentes fracciones, condensandose sobre ambos núcleos de la mentalidad burguesa alrededor de diversos escenarios de confrontación oligarquica. 

Es muy complejo caracterizar la formación de clases en una sociedad como la colombiana en la que la construcción de redes de poder local se produce a partir del fenómeno de los clanes políticos, mezclándose no sólo lógicas feudales sino incluso problemas que tienen que ver con las formas del parentesco en algunas regiones del país. Sin embargo, es claro que el aparato del Estado tradicionalmente ha sido construido como una máquina de consolidación de cohesión nacional y dispersión regional interclasista. La primera finalidad, sobre la idea del “proyecto nacional”, consolidó las clases oligárquicas en sus intereses sobre el reparto de las ganancias totales en la riqueza de la nación; mientras que la segunda, construye al Estado como el escenario de la fragmentación oligárquica regional. Este carácter en la formación del Estado y de las oligarquías en Colombia, es por lo que, en el actual contexto, no se trata tanto de una crisis de gobernabilidad (por más que Duque sea uno de los presidentes con más poca credibilidad y popularidad de los últimos tiempos en Colombia), más bien es una crisis de hegemonía al interior de la burguesías y clase política tradicional, contrapuesta en dos bloques, civilistas -santistas e irracionales-uribistas, en la disputa por el control de la maquina burocrática.  

El repliegue de las oligarquías narco paramilitares sobre el control autoritario del poder, contrasta con el llamado de las oligarquías civilistas al dialogo y a la construcción de un gran pacto y consenso nacional. La amplia gama de fuerzas del progresismo alternativo (en donde podemos incluir una gran variedad de fuerzas políticas que, desde partidos como el Polo Democrático, Alianza Verde, MAIS, Colombia Humana, llega hasta algunos sectores del liberalismo y el nuevo liberalismo, Dignidad, etc., para mencionar los más masivos) representa el repliegue estrategico de los amplios sectores de las burguesías y pequeñas burguesías que disputan el poder y acumulación de los cargos del Estado. Estos sectores se caracterizan por un llamado al cumplimiento de los acuerdos de paz y por demandar la retomada de las garantías constitucionales y democráticas propias del liberalismo moderno. Se trata de una base social que combina sectores de la clase media ilustrada y urbana, con reductos considerables de las elites de larga tradición en el poder y, absorbe las demandas de nuvo cuño (raciales, de género y el ambientalismo) como las demandas tradionales de gremios como las centrales obreras y campesinas. 

La irrupción de una autonomía en la masa popular subalterna se presenta en medio de esta disputa en la clase dominante y, como ha sido tradicional en Colombia, mientras se enfrentan las oligarquías por el poder del Estado, surge la necesidad de articularse en medio de la confrontación, para contener y cooptar la irrupción de la fuerza política de las masas populares. Esta tradicional forma de articularse en medio de la confrontación, es lo que ha garantizado la dominación de las clases oligárquicas como bloque en medio de una disputa bipartidista de larga data y que se expresa ahora en toda una diversidad de partidos y fuerzas políticas. Esta unificación para cerrar las posibilidades políticas de transformación para estos sectores subalternos, es ya una clave explicativa para la propia formación de un Estado contrainsurgente. 

Como vemos, de manera permanente y prolongada, desde hace ya un poco más de un mes, desde 28A al 28M, todos los días, de forma local, regional y nacional, se han encontrado ambas tendencias, la subversión popular y la contención policial, construyendo la actualización de ese atavismo del modelo de confrontación bélica en la formación socio-política contemporánea de Colombia.